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del GPPRI

El pasado 25 de noviembre, 53 senadoras y senadores de la República solicitamos a la Presidenta de la  Mesa Directiva del Senado de la República que ejerciera la facultad que ostenta para promover Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal mediante el cual se consideran como de “seguridad nacional” las obras prioritarias del gobierno.

Durante la sesión del Pleno de aquel día, la exministra y ahora presidenta de la Mesa Directiva del Senado, aseguró tener dudas sobre la procedencia de este medio de impugnación constitucional, por lo que pediría la opinión de la dirección jurídica de esta soberanía. Aunado a lo anterior, el pasado 7 de septiembre, tuvo a bien responder la petición formulada y afirma que no existe “agravio contra el Poder Legislativo” ni “interés jurídico” ni “principio de afectación” para presentar dicha controversia.

En el Grupo Parlamentario del PRI, discrepamos con la decisión de la presidenta de la Mesa Directiva, pues, cabe recordar que como ministra de la Suprema Corte, más de una vez sostuvo una tesis contraria a la argumentación que hoy sostiene.   Por ejemplo, en octubre de 2010, suspendió el Decreto expedido por el entonces titular del Ejecutivo Federal, en el cual adelantaba del 2021 al 2015 la transición a la televisión digital, también conocido como “apagón analógico”.  También, en su calidad de ministra ponente de la Controversia Constitucional 73/2010, admitió 2 recursos promovidos por las Cámaras del Congreso, uno del Senado y otro de la Cámara de Diputados en contra de un decreto presidencial, e inclusive dictó la suspensión del acto con tal de evitar una violación al orden constitucional.

Finalmente, a la bancada del PRI en el Senado nos preocupa que:

  1. Se ignoren la posición que históricamente debe tener el Poder Legislativo en contra de los abusos del Poder Ejecutivo, razón por la que surgieron los órganos parlamentarios;
  2. Se falte a la protesta constitucional de proteger y salvaguardar la constitución y las leyes que de ella emanan, permitiendo que el ejecutivo discrecionalmente se arrogue en la función de legislador al ignorar la reserva de ley establecida.
  3. Que la presidencia de la Mesa Directiva, como cabeza de un órgano técnico, tome decisiones basadas en ideologías políticas y no en el marco jurídico al que estamos obligados.
  4. Se niegue el acceso a un análisis de constitucionalidad por parte de la Corte, y el derecho a promover la demanda;
  5. No se defiendan y protejan los derechos de las y los ciudadanos que se pueden ver afectadas por la falta de cumplimiento y orden de los requisitos previstos en la legislación administrativa para emisión de licencias y permisos;

En congruencia, las y los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario del PRI, esperamos que se reflexione sobre el particular y se preserve el Estado de Derecho, sin colores ni ideologías.

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