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del GPPRI

En su artículo 5º, la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales establece que “El Diario Oficial de la Federación se publicará en forma electrónica y su edición tendrá carácter oficial”. Asimismo, el propio artículo 7º en su fracción II, señala que corresponde a la autoridad “Garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación que se publique en su dirección electrónica” y en su artículo III, se establece que debe de “custodiar, conservar y preservar la edición electrónica e impresa del Diario Oficial de la Federación”.

El día de ayer, en un hecho sin precedente, el Gobierno de la República alteró la versión publicada del Diario Oficial de la Federación No. de edición del mes #7, Ciudad de México, miércoles 13 de mayo de 2020, eliminando de su publicación original, un acuerdo del Consejo de Salubridad General. 

Este acuerdo incluía temas relevantes como la ampliación de ciertas actividades esenciales, la reanudación de la actividad escolar y laboral en algunos municipios, al igual que establecía un sistema de semáforos semanales por entidad federativa. Sin embargo, el gran agravio realizado es el atentado a la certidumbre jurídica que implica la alteración a la publicación del mismo.

Respecto a lo sucedido, la respuesta oficial ofrecida, se hizo por parte de la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación, invocando  “un error de publicación” en la cual “se incluyeron imágenes incorrectas”, lo cual y en concordancia con la propia Ley, no satisface los criterios de legalidad y apego a derecho. Por el contrario, abona a la incertidumbre y la percepción sobre la vulnerabilidad de la institución encargada de publicar las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional están convencidos de que alterar las publicaciones del Diario Oficial de la Federación es atentar contra el estado de Derecho, la certeza y la seguridad jurídica, por la cual se rigen las y los mexicanos.

Es por ello, que las y los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, hemos presentado ante la Comisión Permanente, un Punto de Acuerdo mediante el cual formulamos un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación para conducirse dentro del marco de legalidad y a su vez, exigimos al órgano interno de control de dicha Secretaría y de la Función Pública a iniciar los procedimientos de sanción correspondientes en contra de quien se determine responsable por este grave acto.

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