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del GPPRI

  • Que se castigue a “factureros” cuidando de no crear pánico entre empresarios que cumplen con sus obligaciones fiscales.

  • GPPRI impulsa ley para que evasores alcancen penas mayores que ameriten sentencia de 5 a 8 años.

La senadora del PRI, Nuvia Mayorga Delgado se pronunció en contra de generar un ambiente de terrorismo fiscal en el combate a las empresas fantasma y de aquellos que se dedican a la venta de facturas falsas que causan severos daños a las finanzas públicas.

Sostuvo la legisladora que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, con esta actividad irregular se ha dejado de recaudar alrededor de 1.6 mil millones de pesos el lapso de los últimos cinco años, situación que no se puede permitir cuando se registran serias carencias en el sistema salud como la falta de medicamentos en hospitales y clínicas del sector público en todo el país.

Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del estado de Hidalgo, Mayorga Delgado pidió no contribuir a un clima de terrorismo fiscal lo cual provocaría ahuyentar a empresarios serios y responsables que traen a nuestro país inversiones o capital extranjera para instalar empresas y cuya actividad, por cualquier “error”, puede ser catalogada como delito fiscal, subrayó.

Precisó que el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la Cámara de Senadores se pronuncia a favor de regular esta actividad y que se castigue a aquellas personas que tienen empresas fantasmas o que son “factureras” tanto los que las compran como los que las venden, pero con el cuidado de no crear pánico entre los empresarios comprometidos que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Se trata, dijo, de una ley que castigue a las llamadas empresas fantasma, un ordenamiento que vaya más allá de lo recaudatorio, que contenga reformas de tipo penal para que se castigue con prisión.

La oposición en la Cámara de Senadores está a favor de la recaudación, no del terrorismo fiscal, pero también impulsa reformas para que los “factureros” que compran o venden facturas falsas alcancen penas mayores a las actuales que van 3 a 6 años; la propuesta, puntualizó, es que vaya de 5 a 8 años, concluyó.

 

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