Medios

del GPPRI

Con su permiso presidente.

Muy buenas noches compañeras y compañeros.

Si bien es cierto que nos encontramos aquí para dar cumplimiento a una petición de la Corte, de desconcentrar la familia de delitos que dejamos concentradas en el artículo 19 constitucional, lo cierto es que prácticamente vaciamos la familia completa.

Hay que hacer una reflexión de lo que estamos haciendo aquí.

Hace 12 años coincidimos en la necesidad de reformar nuestro sistema de justicia para atender los reclamos de las víctimas del delito y que desafortunadamente hoy siguen con el mismo reclamo de aquel tiempo: justicia, justicia, justicia.

Y es que lo logrado en aquel entonces tiene rasgos de bipolaridad, que precisamente pueden ser el error de acceso a la justicia que hoy estamos padeciendo.

Creamos un modelo de justicia acusatorio y adversarial, donde la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, aún así, siendo inocentes hasta comprobar responsabilidad, en esa reforma del 2008, dejamos presentes la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, por considerar que existen delitos graves que merecen un tratamiento especial.

Pero por nuestro dictamen de hoy, es evidente que hemos confundido el término de delito grave con la necesidad de cautela.

Más aún, se ha promocionado la prisión preventiva oficiosa como una medida de seguridad pública para prevenir el aumento de la comisión de los delitos y la reincidencia, lo cual es falso, la realidad tiene otros datos.

El homicidio doloso, que fue una de las principales razones por la que se incorporó la figura de prisión preventiva oficiosa, no ha disminuido, por el contrario, de enero de este año hasta el día de ayer, se contabilizaban 55 mil homicidios dolosos, por lo que es evidente el fracaso para contener la incidencia en la comisión del delito con esta medida.

De acuerdo a estadísticas recopiladas por México evalúa, no hay una evidencia que sustente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa que tenga un efecto en la reducción de los delitos, sucede igual con la ampliación de las penas.

Recientemente la Cámara de Diputados aumentaron la pena de feminicidio a 65 años.

En los datos del mes de junio, el mes más violento contra las mujeres desde que se tenga registro, contempla 99 carpetas abiertas por este delito.

Es decir, aunque actualmente tiene pena de las más altas y está incorporado en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el feminicidio sigue en aumento.

Parece que no hemos entendido entonces que nos equivocamos, que o hemos entendido que falta poner atención en el fortalecimiento de las policías de investigación y los primeros respondientes.

No hemos entendido que falta capacitación para los ministerios públicos y la necesidad de que se les asignen solo la cantidad de asuntos reales que pueden desahogar.

No hemos entendido que nos enfrentamos a un problema de impunidad y no a un problema de penas.

Y no entender, no reconocer, significa seguir haciendo peor las cosas. Vamos para peor.

De 2008 a la fecha, tenemos más de 30 tipos penales en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, algunos que no tienen ninguna necesidad real de llevarse en prisión.

Por ejemplo, los delitos electorales, basta una medida cautelar para evitar la fuga, porque no se pone en peligro ninguna víctima; igual en los daños a las vías de comunicación.

Así el catálogo de prisión preventiva oficiosa crece y crece sin necesidad y sin sentido.

Les doy otro dato, un dato para reflexionar en la legislatura de la paridad de género: una de cada dos mujeres que están hoy en la cárcel no tiene sentencia, es decir, están sujetas a una medida cautelar de prisión preventiva. Tenemos a las mujeres en la cárcel sin haberles comprobado delito.

Finalmente, la prisión preventiva oficiosa afecta primero a los pobres y destruye el futuro de los jóvenes.

En los datos recabados por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, publicado por el INEGI, nos dice: el 72 por ciento de la población carcelaria tiene como máximo nivel de estudios la educación básica.

El 32 por ciento de ellos, son población de entre 19 y 29 años; el 35 por ciento de ellos, entre 30 y 39 años, es decir, población joven.

De estos, el 97 por ciento afirma haber tenido un empleo lícito alguna vez en su vida, pero el 80 por ciento refiere trabajos cuya remuneración es menor a tres salarios mínimos, es decir, son gente pobre. La prisión preventiva oficiosa condena a los pobres.

Si estos datos no nos conducen a la reflexión sobre la imposición de estas medidas cautelares a personas que incluso técnicamente son inocentes, puesto que la autoridad no ha demostrado en un juicio su culpabilidad, desde nuestra perspectiva quiere decir que hemos renunciado a escuchar a la sociedad y con ello, hemos renunciado a la construcción de cualquier tipo de diálogo.

Los nuevos consensos no solo tienen que darse al interior de este recinto, sino todos los actores sociales que reclaman justicia, una justicia duradera, construida con base en el respeto de los derechos humanos y que no vea la cárcel como un recurso de seguridad pública.

Estamos a tiempo de reorientar el rumbo y reconstruir perspectiva, erradicando la impunidad que se conforma en el transcurso del proceso penal.

No traicionemos la visión que nos llevó a transformar nuestro sistema de justicia por la simple necesidad de simular resultados. 

Esta reforma abona a que el sistema judicial acusatorio y adversarial se aparte de su espíritu original y se cometan más violaciones a los derechos humanos de los procesados.

Yo por eso les invito a votar en contra, a que reorientemos, a que reflexionemos y tomemos otro rumbo, un rumbo más humanista.

Muchas gracias compañeras y compañeros.

 

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