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del GPPRI

Muchas gracias presidenta.

 

Hace 11 años el país decidió transformar el sistema penal, a la luz de la reforma en materia de derechos humanos de 2011. 

 

Estas etapas en el marco de acceso a la justicia, son un punto de inflexión para reformar todo aquello que beneficie a las personas.

 

Actualmente, desafortunadamente aún y con esas reformas, seguimos viviendo una crisis de impunidad.

 

Pocos delitos se sancionan, alrededor del 95 por ciento de cada 100 nunca logran una sentencia.

 

Prevalece entre la población el hecho que denunciar ante el Ministerio Público no tiene un sentido, o peor aún, el hecho de denunciar pone en riesgo a las víctimas ante sus criminales.

 

Como en todo proceso, a lo largo de su desarrollo se encuentran avances y desafíos. Las reformas anteriores no viajan por cuerdas separadas, son parte una de la otra.

 

Para construir una mejor sociedad, donde la impunidad se reduzca y se cumplan los postulados del artículo 20 constitucional, sobre los fines del proceso penal que a la letra dice: “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por los delitos se reparen”.

 

Uno de los retos a los que nos enfrentamos como país, es la conveniencia de un código nacional de procedimientos penales y de que 33 por ciento de los códigos penales de carácter sustantivo, algunos de los cuales tienen más de 80 años de haberse expedido.

 

Nuestro ejercicio cotidiano de justicia penal, nos obliga a una actualización constante.

 

El Código Penal Federal es uno de los instrumentos legales que mayores reformas sufren en cada legislatura. Es tiempo de actualizar no solo algunos tipos, sino en general, de construir una nueva legislación nacional acorde a los tiempos y a las reformas antes señaladas.

 

Algunos ejemplos de esta necesidad son los siguientes:

 

En la Ciudad de México y su vecino Estado de México, el mismo delito se sanciona con penas distintas, en algunos casos dos veces mayor en una entidad una que la otra.

 

El feminicidio, como muchas veces lo hemos comentado aquí varias compañeras, tiene una tipificación distinta en cada una de las 32 entidades federativas.

 

En algunos casos se omiten agravantes o conductas que pudieran determinar si se trata de este delito o de un homicidio doloso.

 

Esto es importante de conocer, para que el Estado pueda atender y erradicar la violencia de género.

 

Estamos ante un escenario donde las personas que cometen el mismo tipo de delito, reciben distinta pena y son calificadas las agravantes de distinta manera o adjetivos de tipo penal en las distintas entidades de la República.

 

Más aún, durante los últimos años hemos creado leyes generales para establecer tipos penales únicos, como el narcomenudeo y la Ley General de Salud, y las de secuestro y delitos en materia de trata.

 

La exposición de estas iniciativas, señalaban precisamente la incongruencia entre la tipificación penal en las distintas entidades federativas y el Código Federal.

 

De tal suerte, que se consideraba necesario para un conjunto de tipos penales específicos, construir una herramienta legal a nivel nacional.

 

Esas herramientas han probado su eficacia y como legisladores hemos buscado replicar esta estrategia en otros delitos como el feminicidio o los delitos que lesionan el libre ejercicio de la personalidad como la corrupción de menores y los de orden sexual.

 

De igual forma, para abatir la impunidad, es necesario contar con una perfecta distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas, lo que en el léxico judicial se denomina lo del fuero común y lo del fuero federal.

 

El (..) nuevo diseño de la participación de las autoridades ministeriales y los operadores de justicia, es necesario que las entidades federativas, en los casos particulares, no sancionen adecuadamente los homicidios dolosos, productos por arma de fuego, y los carguen a la responsabilidad federal, arguyendo que son parte de la delincuencia organizada.

 

Asimismo, la tipificación única de todos los delitos penales, tendría un efecto positivo en la investigación de los mismos, pues se podría incorporar todos los supuestos que a lo largo del tiempo y con base a la experiencia, las autoridades de investigación han recopilado y que en algunos casos permanecen solo en su código local.

 

El primer paso para construir una mejor legislación en materia penal de índole nacional, transita por este salón de sesiones.

 

Aquí tenemos que construir el acuerdo que le dé salida para facultad al Congreso General la expedición de una legislación nacional única.

 

Recordemos que ya diversos funcionarios federales se han manifestado a favor de esta reforma, el primer paso es aprobar que podamos esta iniciativa, y así comenzar los diálogos y debates sobre las mejores prácticas para construir esta legislación única.

 

De igual forma, las entidades federativas tendrán su discusión en cuanto a esta reforma, para que sea aprobada en el Congreso Constituyente Permanente, y así el federalismo y soberanía sean tomadas en cuenta y temas torales.

 

Tenemos el reto de dar mejores resultados en materia judicial, de abatir los rezagos de impunidad, de mejorar nuestras instituciones de procuración y administración de justicia.

 

Ojalá que acompañemos esta iniciativa y que mejoremos nuestro sistema de justicia. 

 

Es cuanto, presidenta.

 

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