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del GPPRI

Muchas gracias presidente, con su permiso.

Compañeras y compañeros senadores.

El dictamen que hoy se presenta, pretende darle una reglamentación a la pasada modificación que hicimos del artículo 22 constitucional.

Es importante que sepamos que esta es una pretensión, porque el artículo fundamental de la ley, que es el artículo 7, tiene algunos excesos de lo que el marco legal nos permite.

Quiero decirles que va a proceder la extinción de dominio, cuando se apertura carpeta de investigación por los siguientes delitos:

Hechos de corrupción; ejercicio ilícito de servicio público; abuso de autoridad; coalición de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y facultades; del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos; concusión; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencia; cohecho; cohecho de servidores públicos extranjeros; peculado; enriquecimiento ilícito; encubrimiento; delitos cometidos por servidores públicos; delincuencia organizada; terrorismo, acopio de armas; tráfico de armas; tráfico de personas; tráfico de órganos; corrupción de personas menores; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita, y delitos contra la salud; secuestro; extorsión; trata de personas, y delitos en materia de hidrocarburos. Son 30.

Ya desdoblando el código penal de los delitos que pusimos en la Constitución, serían 30.

Los delitos que al aperturarse carpeta de investigación penal se aperturaría carpeta con extinción de dominio.

El tema que tenemos es que el artículo 7, que está basado en la Convención de Palermo, no está referenciado en la Convención de Palermo en cuanto a los delitos, ya que la Convención de Palermo ataca básicamente cuatro delitos: delincuencia organizada; lavado de dinero; corrupción y encubrimiento.

Entonces en cuestión de los supuestos, nosotros atacamos todos, pero los delitos en la Convención de Palermo están limitados.

Otra cosa importante es que el artículo 22 dice: la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

Será procedentes sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas por los delitos antes mencionados.

Es decir, el artículo 22 constitucional únicamente nos permite ir por los bienes que no se pueda comprobar su legítima procedencia, pero nosotros en la ley nacional, ponemos que son bienes o sujetos a extinción de dominio todos aquellos que sean instrumento, objeto o producto de los ilícitos, es decir, nosotros ampliamos, no nos quedamos únicamente a aprobar la licitud del bien, sino también su producto o su instrumento. Esto me parece también que excede la facultad constitucional.

Otra cosa que excede la facultad constitucional es la fracción cuarta del artículo 7, que también va sobre bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a los bienes de uso ilícito que fueron mencionados, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento o (…) material. Esto también excede por mucho la facultad que tenemos en la Constitución.

Ese es el artículo que más me preocupa dentro de todo lo que estuvimos trabajando, porque como podemos observar, la redacción del dictamen excede bastante los límites constitucionales, por estar considerando uso y destino, cuando la Constitución restringe a licitud el origen del bien.

Esta es una razón suficiente para una posible acción de inconstitucionalidad, y es importante que nosotros estemos conscientes de eso.

Aunque la redacción del dictamen se acerca a la ley marco de la ONU, les recuerdo, la ONU solo persigue o la ley marco de la ONU solo ejemplifica cuatro delitos.

Pero no voy a demeritar el trabajo que hemos hecho. Lo cierto es que desde la Comisión de Justicia, con la Comisión Unida de Estudios Legislativos, se ha estado trabajando mucho.

Hicimos foros con las barras de abogados, hicimos foros con especialistas, estuvimos preguntando y trabajando cerca de con 12 dictámenes.

Entonces el dictamen que hoy presentamos tuvo muchos artículos que luego se fueron reduciendo, y todo principalmente tenía que ver con el procedimiento de la ley, desde que fuera escrito hasta que fuera oral, hasta llegar a un mixto.

Tendremos fiscales especializados para el tema de extinción de dominio, pero en el caso del Poder Judicial sería para el juez competente en la materia, no serán juzgados especializados.

Entonces también se incorporó al dictamen la caducidad de 10 años para que el Ministerio Público ejerza la acción de extinción de dominio, manteniendo la característica de que es imprescriptible el delito.

Esto para darle un margen de actuación también al Ministerio Público, para que cuando tenga conocimiento del caso actúe, porque si no actúa y te lo deja guardado con cualquier otro fin, pues él mismo puede provocar que caduque su posibilidad de llevar a cabo la extinción.

También logramos la garantía para que los terceros de buena fe tengan en todo momento procesal una asesoría jurídica por parte del Estado para garantizar el debido proceso, además de que se amplió en todo lo que es la acreditación de la buena fe, a través de diversos supuestos que permitirán a la persona defender sus intereses.

El tema de lograr la autonomía del procedimiento civil, del procedimiento penal, es otro de los logros importantes dentro de la dictaminación, así como la incorporación de los bienes ejidales y comunales como sujetos de extinción de dominio, garantizando su devolución al núcleo ejidal.

Es importante también que la capacidad para la acción de la ejecución en la entidad donde se haya cometido el hecho ilícito, quede bien resguardada, porque esto le da también facultades a las entidades federativas.

En el cambio del nombre, porque ya existe hoy día la extinción de dominio, la lleva a cabo el SAE, el presidente había hablado de un nombre. 

Para evitar usos políticos de los nombres de las instituciones queda Instituto para la Administración de Bienes y Activos, ese es el nombre de la institución que va a llevar a cabo las enajenaciones.

El control judicial para la intervención de cuentas bancarias, aseguramiento de bienes y otras medidas que la autoridad ministerial disponga, también eso es muy importante porque estamos cuidando en todo momento los controles judiciales.

La reparación del daño por parte del Ministerio Público, a un uso indebido de las carpetas de investigación.

Hay temas pendientes que sin duda tendremos que revisar a lo largo del año, habrá temas de implementación que sin duda irán surgiendo, habrán cosas que en las leyes de los estados se tendrán que ir adecuando o nos tendrán que ir dando aviso para la adecuación de la ley nacional, pero es importante reconocer que avanzamos, que construimos, que nos escuchamos, que todos los grupos parlamentarios pudimos aportar y pudimos hacer incorporaciones que me parecen pertinentes.

Entonces, en ese sentido, lo único que quedaría por remarcar es que la extinción de dominio siendo una herramienta que ya existe en el Estado mexicano y que hoy únicamente ampliamos supuestos y ampliamos delitos, esperamos que sea bien utilizada por la fiscalía.

Esperamos que sea bien utilizada por el Estado mexicano y que no sea una herramienta frívola o que no sea una herramienta para causar daños políticos o daños en la integridad de las personas.

Es muy importante que esta herramienta se utilice con suma responsabilidad para lo que fue hecho, para darle un golpe financiero al crimen organizado, para darle un golpe financiero a los delitos que más duelen, que más lastiman, que más dañan a la sociedad mexicana.

Por eso cualquier otro tipo de uso de las carpetas de investigación con el objeto de intimidación, sería reprobable.

Es muy importante que les demos el seguimiento puntual a este dictamen que hoy estamos presentando, porque seguramente en el transcurso de nuestra tarea legislativa tendrá algunas modificaciones.

Todo mi reconocimiento para el presidente de la comisión, Julio Menchaca, por la gran disposición de escuchar y atender a las propuestas que les llevamos.

A Damián Zepeda, que estuvo siempre ahí combatiente y guerrero y todo, y también a mi querido Mancera, que también estuvo muy fuertemente ahí haciendo las veces de abogado.

Gracias a todos los que participaron y vamos a respaldar esta herramienta para darle al Ejecutivo lo que necesita para trabajar, para que nos demos cuenta también que en este Poder donde hay pluralidad existe la mejor de las disposiciones políticas de respaldar al Presidente para que haga un buen trabajo para México.

Muchas gracias.

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