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del GPPRI

Muchas gracias presidente, con su permiso.

 

“Una cosa no es justa por el solo hecho de ser ley, debe de ser ley porque es justa”, Charles Louis, barón de Montesquieu.

 

Hace 11 años nos dimos a la tarea de reformar el sistema penal mexicano, construimos en el Congreso la base para dar respuesta al reclamo de millones de compatriotas que pedían justicia. Escribimos esta reforma basados en el artículo 20 de la Constitución.

 

Los principios del nuevo sistema penal, los cuales son: el esclarecimiento de los hechos, la presunción de inocencia, la procuración de justicia, que no quede impune, y la reparación del daño.

 

El sistema basado en la presunción de inocencia tuvo una excepción, está en el artículo 19 constitucional, que aceptamos como Congreso para prevenir los delitos considerados los más graves, los cuales se hicieron meritorios de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual debería sujetarse a lo establecido en el texto del artículo en comento, que a la letra dice:

 

El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por comisión de un delito doloso.

 

Dicha medida cautelar era para un caso excepcional en el nuevo sistema penal acusatorio, fue construido en primera instancia para que las personas a quienes les fuera impuesta, no pudieran utilizar el recurso del amparo, la Suprema Corte declaró posteriormente lo contrario, sin embargo la medida ha seguido siendo utilizada con otros argumentos.

 

Primero, ha sido vendida como un elemento de combate a la impunidad, ya que el presunto responsable se quedaba en la cárcel a espera de un juicio y con esto cerrábamos la puerta giratoria. En realidad ocultamos debajo del tapete la incapacidad de los policías ministeriales de llevar a cabo una correcta y adecuada investigación.

 

Lo que está sucediendo es que nosotros necesitamos hacer un cambio, porque además se ha propagado la idea de que la prisión preventiva oficiosa evita que los criminales que cuentan con grandes recursos económicos se fuguen.

 

No hay evidencia numérica a este respecto, porque además en cuestión de números la prisión preventiva oficiosa es un medio para encarcelar a los más pobres que son quienes no pueden contratar un abogado que les haga un cambio de medida cautelar.

 

Aún así, lo que hemos estado haciendo es seguir incrementando el artículo 19 constitucional, incorporando muchos tipos penales arguyendo su gravedad, y no hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre las observaciones de la ONU que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre los derechos humanos y la prisión preventiva oficiosa.

 

El acuerdo de la ONU dice que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos, habla de la reclusión previa al juicio, debe de constituir una práctica general, sino que debe basarse en una determinación individualizada de que dichas medidas resulten razonables y necesarias.

 

Es decir, lo que está sucediendo en el artículo 19 es desproporcional y no empata con lo que nos marca la ONU.

 

La prisión preventiva oficiosa, tal como la estamos usando hoy día, puede ser ley, pero no es justa, es por ello que la iniciativa pretende adoptar el principio de proporcionalidad para que se otorgue de forma directa por 90 días, durante los cuales el Ministerio Público deberá acreditar ante el juez que el acusado puede fugarse, puede perjudicar el desarrollo de la investigación o que las víctimas o los testigos están en riesgo. Si esto se cumple, el acusado deberá seguir su proceso en prisión.

 

Es decir, lo que se busca con esta reforma es en esencia acotar la naturaleza de la prisión preventiva justificada.

 

Si en cambio, el Ministerio Público no tiene elementos para justificar la medida del juez, el juez de control deberá sustituir la medida cautelar por alguna otra que no sea la privación de la libertad.

 

Esta propuesta tiene la intención de modificar el uso de la medida cautelar, incorporando el principio de mínima intervención, reduciendo el tiempo de prisión, si es que no existe una razón justificada para que las personas se mantengan privadas de la libertad o en consecuencia se evite que estén compurgando una pena sin tener juicio, sin tener una sentencia.

 

Por tanto que se propone la adición del siguiente párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

 

De imponerse por el juez la medida de prisión preventiva oficiosa, esta no podrá exceder de 90 días naturales, debiendo el juez sustituirla por otra medida cautelar de las descritas en el artículo 155 del presente Código.

 

El Ministerio Público podrá solicitar la continuación de la prisión preventiva cuando es posible garantizar la comparecencia del (…) en el proceso del desarrollo de la investigación y la protección de las víctimas o los testigos.

 

Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que él delegue a esa facultad.

 

Esa sería la propuesta para ponernos poner empatados con las recomendaciones de la ONU.

 

Sería cuanto.

 

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