Medios

del GPPRI

Con el permiso de la presidencia.

Honorable Asamblea.

No tengo duda que este Senado tiene un compromiso inequívoco con el combate a la impunidad y con lograr que quien delinque sea juzgado conforme a derecho y salde su deuda con la sociedad.

Ese compromiso nos une, pero debemos reconocer que el tema de la prisión preventiva oficiosa nos divide entre grupos parlamentarios y aún, al interior de ellos. En este tema no hay consenso.

No lo hubo en la reforma constitucional de 2019 y no lo habrá hoy, porque mientras unos ven en este tema el fortalecimiento de la procuración de justicia, otros vemos el debilitamiento de los derechos fundamentales.

El tema es profundo, porque se plantea a partir de un falso dilema entre dos valores que no son mutuamente excluyentes: la seguridad, por un lado, y la protección de los derechos humanos, por el otro.

Como si alcanzara el primero de mandar a renunciar al segundo, como si en los países democráticos y con un Estado de Derecho sólido pudiera haber seguridad sin respetar los derechos humanos. 

Hay que decirlo, el segundo párrafo del artículo 19 constitucional ya contenía en 2008, una afectación al principio de presunción de inocencia, y la modificación que se hizo el año pasado solo la empeoró.

No voy a repetir ese debate, pero no puedo dejar de retomar el problema que significa enunciar ciertas conductas delictivas para que de manera automática se aplique la prisión preventiva como medida cautelar, pues sin razonar a la luz de los hechos y de las circunstancias, si esa determinación extrema procede o no para la protección de la víctima o de la sociedad, se vulnera ese derecho fundamental a la libertad.

Con esta reforma, convertimos una medida de por sí cuestionable, y que solo aplicada entonces a delitos que lesionan gravemente la dignidad de la persona y a la sociedad, en una salida fácil para atender la frustración legítima de la ciudadanía ante la insuficiencia e ineficacia de las policías, de las procuradurías, de los tribunales para garantizar la seguridad y la justicia en los tres órdenes de gobierno.

Por otro lado, la reforma de 2019 incorporó no una serie de delitos, sino un conjunto de familias de delitos que hoy nos pretenden llevar a realizar modificaciones que implican modificaciones a decenas de tipos penales.

Con este dictamen se establece prisión preventiva oficiosa lo mismo a presunto secuestrador, que a por ejemplo, las personas que en un derrame de combustible ante la perforación de un ducto de PEMEX presuntamente se apoderan de algunos litros de gasolina.

Esto llevará a que estas modificaciones legales atenten contra un principio al que no deberíamos renunciar tan fácilmente, el de no restringir la libertad de una persona, más que en casos donde sea absolutamente necesario.

Ustedes dirán que esta argumentación corresponde en realidad a una reforma constitucional que ya fue consumada, y que hoy solamente se trata de reglamentarla. Yo discrepo.

El problema de la impunidad en la comisión de los delitos, no se va a solucionar con la ampliación de los tipos penales que implican la prisión preventiva de oficio para las o los indiciados.

Enumero las razones por las que votaré en contra:

En la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, se establecieron tres principios para la construcción y la interpretación del orden jurídico nacional.

Primero, la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos a un rango jerárquico igual de las normas constitucionales, cuyas restricciones solo podrían establecerse en la propia Constitución.

Segundo, la progresividad de los derechos humanos, es decir, el deber de no retroceder, sino de ampliar y expandir su reconocimiento, también es un principio constitucional.

Tercero, la interpretación de la norma en la que se favorezca de manera más amplia la protección de las personas, el principio propersona, como un principio constitucional también.

Por ello, estas modificaciones adolecen de los siguientes vicios:

Primero, es regresivo de nuestros compromisos con la comunidad internacional la ampliación del catálogo de delitos que conllevan a la prisión preventiva oficiosa.

En segundo lugar, es contrario a la progresiva expansión del reconocimiento de los derechos humanos, aumentar este catálogo de delitos para que se dicte de oficio la prisión preventiva.

La reforma constitucional fue inconvencional y estas modificaciones que se planean votar, también van a ser inconvencionales.

Y tercero, se vulnera aún más la presunción de inocencia, pues no es ése el propósito comparecer en juicio estando privado de la libertad, sí establece prejuicios en contra del imputado.

Les doy un ejemplo de lo absurdo de lo que se planea votar.

Antes de la reforma del año pasado, por un robo al transporte de carga, el Ministerio Público tenía que razonar por qué esa persona imputada debía ser sujeto de prisión preventiva, y el juez tenía que considerar las condiciones del caso.

Ahora, se va a tratar igual a quien sustrae de un tren descarrilado la carga de perecederos para su propio consumo, que a una banda de delincuentes que en la noche, con poncha llantas, con violencia y con armas de fuego, roba la carga total de un tráiler para comercializarla.

Esas son las condiciones -ya concluyo presidenta- a todas luces distintas, que se debieran valorar, pero que a partir de esta reforma no van a ser valoradas.

Compañeras y compañeros, claro que nos preocupa la situación de inseguridad que priva en el país.

Claro que nos preocupa el “huachicoleo”, que nos preocupa el robo a casa-habitación, que nos preocupa el uso irregular de los programas sociales.

Nadie en este Senado y en el país, está satisfecho con esta realidad, ni con la incompetencia e insuficiencia del sistema de procuración de justicia y de seguridad.

Pero ese problema, esos problemas, no los vamos a resolver ni violentando los derechos humanos, ni metiendo a la cárcel a los pescadores de totoaba, por ejemplo.

Además, como pasa con la idea de que elevar las penas disuade la comisión de los delitos, establecer la prisión preventiva oficiosa para cada vez más delitos, tampoco tendrá un efecto disuasivo.

Si no nos gusta el sistema, debatámoslo de fondo y estructurales.

Si no nos gusta el sistema, invirtamos en capacitar policías, investigadores, ministerios públicos.

Si no nos gusta el sistema, no tenemos que ampliar el catálogo de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa para cambiar la realidad.

No podemos avanzar en materia de justicia y derechos humanos si seguimos haciendo más de lo mismo, y este dictamen es definitivamente más de lo mismo, pero un poquito peor.

Reconozcamos que las libertades y la seguridad no son valores opuestos, sino que se complementan y se fortalecen mutuamente.

Sin libertad no hay seguridad y sin seguridad no hay libertad. Son valores que conviven y deben convivir en equilibrio. Con este dictamen no lo hace.

Muchas gracias.

 

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