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del GPPRI

Gracias presidenta.

 

Honorable Asamblea.

 

El coronavirus ha alterado la vida y deteriorado la salud de las familias mexicanas, ha despojado de su empleo y reducido el ingreso de millones de compatriotas, ha forzado un encierro indefinido que amenaza incluso la integridad física y mental de miles de personas.

 

Hay que decirlo claro, vivimos hoy una verdadera crisis global, pero también nacional y local.

 

Lo peor de todo, compañeras y compañeros, es que esta crisis aún está lejos de concluir.

 

Muy probablemente tendremos que acostumbrarnos a convivir con este patógeno y con sus consecuencias, por un tiempo que todavía no puede definirse ante la prolongación del brote inicial, la mayor aceleración de contagios y la ausencia de una vacuna o de tratamiento eficaz.

 

No van a ser tiempos sencillos, y hay que empezar a fortificar nuestra República desde ahora.

 

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que con la ampliación y la protección de los derechos humanos, podremos prepararnos mejor para encarar el estadio más grave aún de la pandemia.

 

Así como los medicamentos y la infraestructura clínica cuidan la salud de la gente, los derechos ampliados pueden contribuir a salvaguardar su calidad de vida y su bienestar.

 

La ciudadanía debe percibir que el Estado mexicano por conducto del Congreso, está dispuesto a dotarla de los instrumentos jurídicos necesarios para salvaguardarse a sí misma y a su familia, sobre todo de la crisis económica que ya comenzamos a padecer.

 

Con ello en mente, y con la venia de la presidenta, me referiré a tres iniciativas que inscribí el día de hoy, encaminadas a robustecer y proteger tanto el patrimonio, como el ingreso de las familias, y que solicito a la Mesa Directiva se turnen a las comisiones pertinentes del Senado.

 

Se trata de una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo cuarto constitucional en materia de patrimonio familiar.

 

Otra que busca reformar y añadir diversas disposiciones al Código Civil de la Federación y a la Ley Agraria, en materia de patrimonio familiar.

 

Y una tercera iniciativa para incluir en el artículo cuarto constitucional, el derecho a un ingreso básico vital en caso de cualquier emergencia declarada por las autoridades.

 

Por una parte, proponemos constitucionalizar dos figuras cruciales para que cualquier ciudadana o ciudadano, junto con su familia, pueda salir adelante en una crisis como ésta, el patrimonio de familia y el ingreso básico vital.

 

Como institución de derecho civil, el patrimonio de familia es una herramienta que permite a las comunidades familiares, especialmente a las más vulnerables, extraer de la lógica del mercado aquellos bienes muebles e inmuebles que son vitales para su sustento, ya sea una casa, un pequeño negocio, un auto o una parcela, entre otros, los bienes registrados como patrimonio familiar deben quedar protegidos para todos sus integrantes, y no pueden ser susceptibles de acciones como el embargo, la enajenación. Un riesgo que aumenta en situaciones como la que estamos viviendo hoy en nuestro país.

 

Por eso, proponemos ordenar al Estado mexicano, mediante una reforma constitucional, que promueva, proteja y garantice el patrimonio de las familias mexicanas como un derecho humano, a fin de dar la mayor seguridad jurídica a quienes deseen destinar parte de su patrimonio al sustento de los suyos.

 

Si bien esta institución se concibió desde el Congreso Constituyente de Querétaro, para la población campesina y trabajadora, desafortunadamente no ha tenido el desarrollo que se requiere.

 

Adicionalmente, las reformas al Código Civil Federal y a la Ley Agraria, pretenden actualizar y establecer reglas que incrementen dicha seguridad (…) por ejemplo, aumentar el valor máximo de los bienes registrados como patrimonio de familia, a 35 mil UMAs, en lugar de los tres mil 650 salarios mínimos que servían como unidad de referencia.

 

Por otra parte, la constitucionalización de un ingreso básico vital en caso de emergencias, es tanto un deber pragmático, como uno ético.

 

No se trata solo de brindar un respiro a los millones de familias que a causa de una pandemia o un desastre natural pueden perder mucho, también se trata de ayudar a que el daño económico que afecta a todos, no sea mucho mayor.

 

Apenas en marzo pasado, una gran mayoría parlamentaria en las Cámaras, decidió incorporar una serie de programas sociales al artículo cuarto constitucional en favor de los grupos más vulnerables de la sociedad.

 

En el PRI, consideramos que esta iniciativa en materia de ingreso básico vital, es la continuación natural de ese esfuerzo, y por eso los invitamos a apoyarla.

 

Compañeras y compañeros, hoy sabemos que cerca de 12 millones de personas en México han suspendido sus actividades laborales, lo que implica una reducción importante de los ingresos en esos hogares, y que más de dos millones han perdido su trabajo.

 

Sabemos que vamos atestiguar la contracción económica más pronunciada desde 1932, y que millones de familias están en riesgo de caer o profundizar su condición de pobreza.

 

Las iniciativas que presento, son solo una parte de la solución a este problema, pero pueden ser muy significativa –concluyo, presidenta- además contaremos con un orden jurídico más sólido y derechos sociales más robustos, de cara a futuras emergencias.

 

Porque de algo estamos seguros, esta emergencia generada por el covid, no va a ser la última.

 

El poder de la buena política y del Estado social y democrático de derecho es crucial para hacer frente al poder de la naturaleza o de cualquier fuerza que pueda arriesgar el bienestar de nuestra República y de sus habitantes.

 

Muchas gracias, presidenta.

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