Medios

del GPPRI

Con el permiso de la presidencia.

 

Compañeras y compañeros legisladores.

 

Inicio mi intervención expresando la solidaridad de mi grupo parlamentario con la familia de Giovanni López.

 

En un país democrático nadie debe perder la vida, ni ver violentados sus derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad o de las instituciones del Estado, ni en Jalisco, ni en la Ciudad de México, ni en Veracruz, ni en Baja California, ni en ningún lado, punto.

 

Hay que decirlo, hay que decirlo claro y lo voy a hacer, lo que está sucediendo hoy en el Congreso.

 

De nueva cuenta ha quedado muy claro que las prioridades del país solo serán prioridades para la mayoría, cuando tengan la fortuna de alinearse con sus intereses políticos.

 

El pueblo de México puede estar enfrentando la pandemia global más importante del siglo, que ya ha cobrado la vida de al menos 14 mil 649 personas en nuestro país; o en la antesala de la crisis económica más grave en la historia reciente, por la cual 12 millones de mexicanos ya perdieron su fuente de ingresos; o ante los efectos de una tormenta tropical que dejó más de 10 mil afectados solo en uno de los estados que impactó.

 

Sin embargo, pareciera que no importa cuál sea la emergencia, el grupo de la mayoría oficial siempre buscará anteponer su agenda particular por encima del interés nacional.

 

Nuevamente, pretenden distraer la atención de los grandes problemas nacionales y desgastarnos en la discusión de un tema que el propio gobierno ha politizado a su conveniencia, hasta convertirlo en una fuente de conflicto social.

 

Hay que decirlo: el ambiente que ha polarizado a la ciudadanía y normalizado el encono en el debate público, ha recibido un gran impulso desde un gobierno federal, que hace de la confrontación el eje de su estrategia política contra la pluralidad democrática.

 

Una estrategia de la que ha participado la propia mayoría parlamentaria, al amenazar abiertamente, por ejemplo, con sacar a los ciudadanos a las calles, si los gobiernos estatales hacen uso de líneas de crédito, con el propósito de contar con más recursos para hacer frente a la pandemia, justamente porque la federación les ha quitado sistemáticamente los recursos y apoyos necesarios para hacerlo. Eso se llama confrontación y eso se llama centralismo.

 

Desde la Comisión Permanente, el grupo parlamentario del PRI hace un llamado a la serenidad en el gobierno federal y en sus partidarios. Frente a la crisis sanitaria, económica, laboral y social que vivimos, no debemos apostar por el conflicto y la confrontación, sino por la tolerancia y la unidad.

 

Sin reserva alguna, coincidimos en que las violaciones a los derechos humanos son un tema de suma gravedad que resulta inadmisible en un Estado democrático. 

 

Y tenemos la convicción de que ahí donde existan denuncias y elementos para considerar que se han violentado los derechos humanos, éstas deben investigarse hasta sus últimas consecuencias, sin excepción alguna.

 

Condenar, sí; exigir investigación y exigir responsabilidades y justicia, también, siempre.

 

Precisamente por eso, si realmente nos importa que haya justicia y reparación de los daños, debemos dejar que las instituciones hagan su trabajo.

 

En el caso que estamos discutiendo, tras la actuación indebida de los elementos policiacos en Jalisco, el estado ya abrió una carpeta de investigación y se ha solicitado que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.

 

Con responsabilidad, exijamos un proceso expedito, transparente y en estricto apego a derecho, pero no sigamos contribuyendo a la politización de un tema tan delicado, profundizando con ello la división en una sociedad severamente golpeada por una crisis sin precedente.

 

Jalisco está actuando ante un hecho que debe ser esclarecido y sus responsables sancionados. Y también está actuando con buen éxito frente a la emergencia sanitaria y sus consecuencias.

 

Y es que es precisamente a causa de la pandemia, que miles de familias mexicanas no pueden o no podrán ejercer sus derechos fundamentales.

 

Celebro y reconozco nuestra coincidencia en torno a la necesidad de alzar la voz para defender los derechos humanos, porque si hay algo que hoy los está trastocando de manera generalizada en todo el país, es la situación que vivimos.

 

Porque también se violentan los derechos humanos cuando desde el poder se pretende confrontar, hostigar o amedrentar a quien disiente, en un claro atentado contra la convivencia democrática y el derecho a la libertad de expresión.

 

Porque también se violentan los derechos humanos cuando la definición de la política energética del Estado mexicano se supedita a consideraciones ideológicas y en consecuencia, se le cierra la puerta a las energías limpias, limitando el derecho de los mexicanos a la salud y a un medio ambiente sano.

 

Pero lo más grave, también se violentan los derechos humanos cuando los encargados de gestionar la emergencia sanitaria lo hacen de manera ineficaz, manipulando a conveniencia la información oficial para ocultar que la realidad los ha rebasado, en un atentado directo contra el derecho a la información y a la protección de la salud.

 

Compañeras y compañeros, tan esenciales son los derechos humanos para nuestro régimen democrático, representativo y federal, como lo son el diálogo, la colaboración y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

 

Pero en lugar de coordinar acciones con los gobiernos locales para sumar esfuerzos en la lucha contra la Covid, el gobierno ha optado por centralizar todas las decisiones, lo hizo durante meses, para después responsabilizar por completo a los estados en la etapa más crítica de la pandemia.

 

Y en lugar de establecer una estrategia de reactivación de procesos económicos y sociales basada en la coordinación entre gobiernos locales, organizaciones sindicales y sectores productivos, el Ejecutivo Federal optó por limitarse a dictar lineamientos de una estrategia vertical que ha generado más incertidumbre que certezas.

 

Tan importante es garantizar los derechos humanos mediante leyes e instituciones, como lo son la eficacia y la eficiencia de la administración pública para garantizar el ejercicio de estos derechos, en todos los ámbitos de acción de las personas.

 

Pero en lugar de utilizar el conocimiento previo de los potenciales alcances de la pandemia para prepararnos, el Ejecutivo Federal optó por soslayar la gravedad de la emergencia y retrasar la reacción indispensable.

 

Actuar tarde y sin concertación entre órdenes de gobierno ha sido una decisión con altos costos económicos, sociales y en términos de vidas humanas.

 

Es preciso recordar que desde el primer momento de la emergencia, una amplia diversidad de actores de los sectores público, privado y social, la sociedad civil y la academia, convocamos a la construcción de entendimientos amplios y acuerdos precisos para hacer frente a la crisis y aminorar su impacto en la salud y la economía de las familias mexicanas.

 

Desde entonces, la respuesta gubernamental ha sido la misma: el rechazo a cualquier iniciativa que sea producto de la pluralidad y no de la obediencia acrítica.

 

Hoy somos testigos del aislamiento de un gobierno que ante el fracaso de la gestión, está aterrado por el disenso, al que solo puede interpretar como confrontación.

 

Una administración que ha decidido cerrarse sobre sí misma, desoír, ignorar y rechazar todo cuanto no se alinee con su visión de país, basada primordialmente en prejuicios ideológicos.

 

Estamos convencidos que el diálogo y el llamado a la unidad es el camino.

 

Por ello, hoy le reiteramos al Ejecutivo Federal y al grupo mayoritario nuestra disposición y nuestro llamado a hacer eso, a convocar a un diálogo, a un gran acuerdo nacional, a concertar, a sumar, a construir acuerdos, no a dividir y no a polarizar.

 

Estamos a tiempo de rectificar y trabajar juntos para velar precisamente, por los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. 

 

Esa es nuestra convicción, es nuestro deseo, pero sobre todo, es nuestra responsabilidad.

 

Muchas gracias, presidenta.

 

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