Medios

del GPPRI

Señoras y señores senadores.

El día de hoy, el Senado de la República habrá de votar y aprobar la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Se trata de una ley que nuestro país ha necesitado desde hace muchos años, y que se concreta hoy, luego de un arduo y largo proceso de diálogo y negociación entre todas las fuerzas políticas, el gobierno y la Fiscalía General de la República.

Juntos, tal y como hicimos con la reforma de la Guardia Nacional y sus leyes secundarias, hemos creado una ley que se adecúa a las necesidades del país, no a las exigencias de un gobierno o de un partido.

Lo hemos hecho desde un ánimo constructivo, poniendo el interés del país por encima de los intereses de partido o de grupo.

De eso se trata ser oposición, y una vez más, damos muestra de que sabemos hacerlo.

Reconocemos la apertura de la mayoría, pero sobre todo el impulso de la oposición.

Con esta ley le estamos dando al Estado mexicano, una herramienta necesaria para hacer frente de mejor manera a la delincuencia, para atacarlos en donde más les afecta, que es su estructura patrimonial y financiera, y para debilitar sus estructuras y minar su capacidad de operar.

El objetivo es que las organizaciones criminales no tengan los recursos para hacer daño a las familias.

Esta ley es importante, por un lado, porque da un marco legal a los jueces y a las fiscalías para quitar el derecho de propiedad sobre los bienes que han sido instrumento, producto u objeto del delito.

Y por el otro, porque crea los mecanismos necesarios para que estos bienes puedan ser usados con fines de interés social.

Sin embargo, es importante señalar algunas consideraciones, importantes.

En primer lugar, la extinción de dominio es una medida extraordinaria que de ninguna forma puede ser la norma.

En segundo lugar, se deben garantizar en todo momento los derechos de los afectados, no se trata de proteger a los delincuentes, sino de darle oportunidad de defenderse a quien pudo haber actuado de buena fe.

Y en tercer lugar, no puede ser usada con fines políticos. Esto es una preocupación real que deberán tomar en cuenta quienes estén a cargo de aplicar esta medida.

Finalmente, se deberá asegurar que los recursos obtenidos beneficien y sean aplicados en programas que beneficien a toda la población, como bien se dice.

De ninguna manera se deben utilizar para algún programa de tinte político partidista o dando preferencia a alguna entidad, esto afectaría el espíritu de la ley y la convertiría en un instrumento de algo que no se debe permitir.

En suma, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos a favor, porque creemos que permitirá hacer frente de mejor manera a la delincuencia.

Porque le estamos dando al gobierno una más de las leyes que ha pedido para atender el desafío de la inseguridad.

Aquí hemos hecho nuestra parte. Ahora no podemos más que exigirle al gobierno que entregue resultados, es lo que demandan los mexicanos y lo que merece el país.

Muchas gracias.

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