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del GPPRI

Con su permiso, Senador presidente.

El día de hoy estamos frente a una nueva oportunidad de legislar en una materia de suma importancia y de clamor social, que la pluralidad política está dispuesta a entender que es una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Atender y legislar de la mejor manera bajo el consenso si se contara con un proyecto fortalecido, pero tal parece que el día de hoy nos enfrentamos, como ya es costumbre, con un asunto con serios problemas de técnica que desvirtúan la intención de la reforma de este calado.

En el grupo parlamentario del PRI coincidimos plenamente en la necesidad que se abrogue la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2018, pues fue un instrumento al que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en dos de sus artículos y que se suspendió por omisiones legislativas y por vulnerar los derechos fundamentales de los servidores públicos.

Esa ley fue resultado del rescate de una minuta del año 2011 en la Cámara de Diputados, que a 2018 carecía de un marco jurídico actualizado. Luego de siete años de espera, motivos por los que se contó con una reforma sólida y congruente en materia de remuneraciones, y respetó a la división de poderes, es preciso que se conozcan los antecedentes que han dado origen a este dictamen y que en su momento permitieron la definición de acciones de inconstitucionalidad.

Para que quede claro, lo que el Congreso de la Unión debe hacer es legislar sin consenso.

Este dictamen de la propuesta de la nueva ley presenta en 2019, en la Cámara de Diputados, incorporar elementos objetivos que permiten fijar la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos.

En este mismo dictamen se recuerda que el Congreso se encuentra condenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar durante el presente período ordinario de sesiones sobre este tema.

Este es el segundo intento para el establecimiento que ningún funcionario pueda ganar más que el ciudadano presidente. Es este el segundo intento, que tal parece no será aprovechado en plenitud, pues es claro que en el dictamen a discusión el proyecto de decreto no contiene de manera clara y determinante la metodología para la determinación objetiva y regular las remuneraciones del titular del Ejecutivo tal como lo ordenó la Suprema Corte.

El dictamen es un documento en el que aún no se establecen parámetros que sirvan como referencia para determinar las remuneraciones de quien se desempeña en el servicio público. Remuneraciones que deben ser justas y en proporción a la labor que ejerzan.

Hay que tener claro que la ley reglamentaria que se define se debe dotar del conjunto de elementos que permitan el establecimiento y condiciones claras en materia de remuneraciones.

Que quede claro, el problema no se observa con este proyecto que no tiene nada que ver con el sueldo del ciudadano presidente, tiene que ver con la importancia del establecimiento de bases claras y criterios técnicos definidos, fundados en los artículos constitucionales que le dan origen.

Debemos legislar con la técnica adecuada y en el pleno apego a las demandas sociales bajo los principios de división de poderes. Tenemos la plena oportunidad de construir una ley que brinde certeza jurídica a los servidores públicos, una ley que respete a los entes autónomos y al Poder Judicial.

En el grupo parlamentario del PRI coincidimos con que se construya un poder público racional y austero en el que se empleen los ahorros en beneficio de la sociedad, de los mexicanos.

Refrendamos nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y para con el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho, pero insistimos en el marco regulatorio que se proporciona el día de hoy, no es del todo útil, ni brinda certidumbre, ni claridad en torno a percepciones en el servicio público y no subsana la totalidad de las consideraciones de la Corte.

Por eso el grupo parlamentario del PRI votará en contra de este dictamen que no cumple con los objetivos de la materia.

Es cuanto, señor presidente.

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