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del GPPRI

Con su venía, presidenta.

El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho, su administración debe ser imparcial y no discriminatoria, es el goce de toda persona sin distinción alguna reconocido por el Estado mexicano y los tratados internacionales, que dispone que toda persona tiene derecho a ser oída en las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley.

Por lo tanto, los estados, los operadores y gobernantes deben reconocer, tutelar, proteger, aplicar y garantizar de manera pronta, expedita, imparcial y transparente este derecho; sin embargo, su acceso ha sido obstaculizado durante la actual pandemia y ha quedado de manifiesto que nuestro país no estaba preparado para garantizarlo durante un suceso excepcional e inédito, como lo representa esta emergencia sanitaria.

En tal sentido, la ONU declaró el acceso a internet como un derecho humano, los gobiernos deben esforzarse para hacer el internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos, asegurar el acceso universal de internet debe ser una prioridad para todos los estados.

La actual administración federal lo tiene contemplado en su planeación y de eso dependerá en gran medida el éxito para esta reforma. Ante la crisis de acceso a la justicia que vive nuestro país y tras la gran saturación del sistema provocado por el cierre de juzgados, la justicia digital nos propone alternativas viables y concretas para la resolución de conflictos.

En este sentido, es facultad del Legislativo establecer las bases para ser posible el cumplimiento del derecho humano a la justicia para todas y todos los mexicanos ante esta emergencia coyuntural y establecer como una opción viable en nuestra Carta Magna, el acceso a las tecnologías de información y comunicación, como una garantía para que todas las y los mexicanos tengan el acceso a la justicia.

Siguiendo el derecho que establece el artículo 17 de nuestra Constitución, en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, la reforma establece que el acceso a la misma será de forma ágil,  oportuna e incluyente a todas las instancias judiciales de la Federación y las entidades federativas, con la implementación de sistemas de justicia digital,   eso se va a realizar a través del uso de tecnologías de la información y de la comunicación a efecto de subsanar y resolver en línea los juicios en todas sus etapas.

La consulta e integración de expedientes electrónicos también se realizará en línea, todo en términos establecidos por la ley.

Asimismo, se establecerán las diligencias y procesos por su naturaleza deban ser presenciales. Esto para garantizar una adecuada impartición de justicia.

Legislar en estos momentos para dar viabilidad a los mexicanos en el acceso de justicia, es prioridad para el Congreso, es un momento definitorio en el trabajo parlamentario y poner al servicio de la gente los medios necesarios para hacer más transitable la emergencia sanitaria.

Este dictamen demuestra que, con propuestas concretas, benéficas y trascendentes para el beneficio de la gente, este Senado está al servicio de los mexicanos. Lo que hoy estamos aprobando significará ahorro de recursos, celeridad en resolución de los casos, accesibilidad de grupos vulnerables, publicidad, mayor transparencia, disminución, incluso erradicación por completo del uso de papel, imparcialidad a los juzgadores y facilitar el trabajo en casa.

Es nuestra obligación impulsar y modernizar el acceso a la justicia, seguiremos viendo por el bienestar de la gente, ser un Congreso al servicio del pueblo, que el Estado garantice a los mexicanos el acceso a todos sus derechos humanos.

Por ser una reforma que para su implementación requiere contar con un presupuesto asignado, propusimos la inclusión de un artículo transitorio en el que se establezca que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda en el ámbito federal y sus equivalentes en los estados, deberán considerar los recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de reforma progresiva y de la infraestructura necesaria para su implementación.

Coincido en que es urgente que el Poder Judicial, los diversos tribunales y los poderes judiciales de cada estado desarrollen tribunales electrónicos 100 % en línea, pero llevar a cabo esta tarea no es cosa fácil ni de bajo costo, requiere desarrolladores tecnológicos, capaces de cumplir con principios y estándares tecnológicos.

Será importante establecer un plan a corto, mediano y largo plazo para trasmutación hacia un acceso a la justicia eficaz mediante vías digitales; porque debemos de tener claro que la implementación de esta reforma requerirá de todo el esfuerzo, estructura, coordinación y trabajo para poder avanzar progresivamente hacia una justicia digital al alcance de todos.

No tengo duda que trabajar en reformas que garanticen a la gente el pleno respeto y cumplimiento de sus derechos es el camino correcto, y por eso en mi grupo parlamentario del PRI seguiremos proponiendo y acompañando propuestas para garantizar el acatamiento de los derechos humanos de los mexicanos.

Por último, no quiero dejar de reconocer y felicitar a los proponentes, al Senador Monreal, a la Senadora Xóchitl Gálvez y al Senador Damián Zepeda, por tan necesaria reforma que, seguramente será de gran beneficio, sobre todo ante los tiempos que estamos viviendo.

Es cuanto, presidenta.

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