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del GPPRI

Con su venia.

Sin duda, México requiere una mejor política energética y fortalecer a la CFE, pero fortalecerla en lo lógico y en lo responsable. Esta minuta es contraria a lo que establece nuestra Constitución, esta propuesta no solo no atiende argumentos jurídicos, tampoco técnicos, económicos ni ambientales, tan solo vemos cómo se pretende ajustar el marco legal a favorecer a la CFE.

Vale la pena recordar que en 2016 México fue uno de los primeros países en presentar su estrategia de cambio climático, con lo que refrendaba su compromiso ante el cumplimiento del Acuerdo de París, sustentándolo en una robusta política nacional apoyada en instrumentos como la Ley de la Industria Eléctrica y, precisamente uno de sus objetivos era promover el uso de energías limpias para disminuir la emisión de agentes contaminantes, salvaguardando los intereses de la nación mediante la rectoría del Estado.

Hoy, los principales cambios están en modificar el esquema legal que tenemos para el aprovechamiento de la energía. Digámoslo de esta forma, en esta minuta hay cuatro puntos a partir de los cuales se transforma el modelo vigente.

1.- En el despacho de energía. Se acaba con la obligación de despachar la electricidad más barata privilegiando a las plantas de CFE; el orden que se menciona para el despacho no está basado en consideraciones de eficiencia y muchos menos en parámetros ambientales.

2.- Otorgamiento de los certificados de energías limpias. Con la propuesta se otorgarán a cualquier productor de energía, eso significa que ya no habrá incentivos para que puedan crearse nuevas plantas y más limpias.

3.- Eliminación de la obligatoriedad de comprar por subastas. El modelo de subastas permite contratar energías más baratas, es un dato comprobable por la baja en los costos de generación a través de energía eólica y solar.

Así se abre solo a la puerta a la discrecionalidad, obligan al subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas, se crean compromisos de gastos insostenibles para la Federación y la fragilidad de las finanzas de la CFE, detiene las inversiones para reducir la pobreza energética, no garantiza menores precios de energía eléctrica a los usuarios; es decir, solo se restauran políticas antiguas en un mercado moderno.

4.- Está la revocación de los permisos del autoabastecimiento, la manera discrecional podrá revocarlos, afectando la certidumbre de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales sus inversiones fueron hechas en un marco de una legislación válida y vigente.

En resumen, compañeras y compañeros, las modificaciones propuestas son violatorias de los derechos humanos a la salud, a la seguridad jurídica, tener un medio ambiente sano, a la libre competencia y concurrencia en el sector eléctrico, lo que tendría varias consecuencias, consecuencias jurídicas de las que ya se ha hecho referencia velando los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución, a nivel internacional, donde se entra en conflicto con tratados comerciales, consecuencias económicas, porque habrá una aumento en los precios de las tarifas eléctricas para hogares y empresas, por la necesidad de subsidiar a la CFE por la tecnología obsoleta que usa.

Y se impedirá la competencia del sector, justo en medio de la pandemia, cuando lo que más necesitamos son empleos, pero quiero puntualizar las consecuencias del medio ambiente y a la salud por los daños que provocará la operación de centrales eléctricas que utilizan como combustible el carbón y el combustóleo.

Con esta reforma le pretenden dar un respiro a Pemex por todo el combustóleo que está produciendo, lo que evidentemente le está generando muchos problemas, porque no puede comercializarlo, es evidente que la tendencia no es usar combustóleo, ningún país lo compra por ser contaminante, Pemex y CFE lo saben, por eso han creado una relación simbiótica, así CFE se convierte en el cliente perfecto, lo único que necesita es quemar combustóleo.

Y, como sabemos, ese combustible contiene cantidades importantes de ceniza, de azufre y nitrógeno.

Valdría la pena que lo recordaran a propósito de la reunión de cambio climático a la que se comprometió el presidente de México con el presidente de Estados Unidos, porque con esta reforma se  confirma que esta administración mantiene la apuesta al uso de energías sucias, fomenta un modelo eléctrico que generará mayores emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos.

Se está poniendo el riesgo, el cumplimiento del derecho a la salud, pues al favorecer a las hidroeléctricas y a las centrales de la CFE se favorece la emisión de gases que generan enfermedades y trastornos respiratorios.

Un ejemplo en la termoeléctrica de Tula que afecta la salud de 22 millones de habitantes, ya también la OMS calculó 4.2 millones de muertes al año por los efectos a la exposición de estos contaminantes.

Por ello, vemos con preocupación esta reforma, sí por ir en sentido contrario a los compromisos que el Estado mexicano ha contraído, pero, sobre todo, porque atenta contra todas y todos los mexicanos.

A este Senado, compañeros, llegué representando a los jóvenes, ya diversas asociaciones de ellos han alertado que estas acciones implican un retroceso para atender la crisis climática.

Estamos preocupados por el futuro y los daños que se generarán.

Lamento que no sea una prioridad el cuidado del medio ambiente en este Senado.

Por eso hago un firme llamado para que se respeten las energías renovables y de verdad, transitemos a un México más limpio.

No hay justificación que valga para imponer políticas retrógradas y contraproducentes, se lo debemos a las futuras generaciones, no se equivoquen, estar en contra de este tipo de combustibles no es responder a intereses particulares, es responder en defensa de los derechos humanos y al anhelo a tener energías más baratas, lo cual no se va a lograr, al tiempo.

Es cuanto, presidente.

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