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del GPPRI

Con su venia presidenta. 

La lucha contra la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres es una tarea constante.

Este fenómeno social ha permeado incluso a los servicios de salud, particularmente a la atención por parte de personal médico durante el embarazo, parto o puerperio.

La violencia obstétrica en este escenario, constituye una violación a los derechos humanos de nosotras las mujeres.

Este tipo de violencia deriva en gran medida por la ausencia de personal calificado, la falta de instalaciones adecuadas y del equipo médico idóneo. 

Las cifras son preocupantes. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en el año 2016, se estima que una tercera parte de las mujeres que han tenido al menos un parto, han sido víctimas de violencia obstétrica, al ser juzgadas, atemorizadas, humilladas, lesionadas física o psicológicamente. 

Este tipo de violencia puede tener lugar a través de diferentes manifestaciones que van desde la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, hasta tratos crueles, inhumanos, degradantes por parte del personal de salud. 

Se considera también violencia obstétrica la práctica del parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer o por el contrario; obligarla a tener un parto natural a una mujer sin las condiciones para ello, práctica muy común en los servicios de salud pública. 

En 2014 con motivo de la realización del Centésimo Quincuagésimo Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se realizó una audiencia sobre salud materna y denuncias de violencia obstétrica en México, en la cual se evidenciaron las principales violaciones a derechos humanos de las mujeres al recibir los servicios de salud obstétrica, siendo las más afectadas las de origen indígena y de escasos recursos.

Derivado del trabajo y el esfuerzo conjunto de asociaciones y colectivos de mujeres por hacer evidente este tipo de violencia, en los últimos años ha habido un incremento en el número de denuncias.

Entre 2016 y 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 32 recomendaciones a instituciones de salud por violencia obstétrica, desafortunadamente en la mayoría de los casos se han acreditado dichas violaciones.

Esto ha dado pie a que las entidades federativas estén tomando acciones, incorporando en su legislación la definición de violencia obstétrica. 

En la actualidad son 25 estados de la República que ya reconocen esta modalidad de violencia contra las mujeres.

Sin embargo, los esfuerzos no deben cesar, es nuestra tarea construir un mayor marco de respeto a los derechos humanos de nosotras las mujeres.

Actualmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no contempla la violencia obstétrica, es por ello, que presento ante esta Soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción sexta al artículo 6 de dicha ley con la finalidad de incorporar la violencia obstétrica como un tipo específico de violencia contra las mujeres para que quede de la siguiente manera: 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son, del primero al quinto se mantienen con la misma redacción y se adiciona una fracción sexta, recorriéndose las subsecuentes en el mismo orden.

La violencia obstétrica. Es toda acción u omisión por parte del personal de salud, de tipo de médico o administrativo, que dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia de su atención médica; se expresa en la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, un trato inhumano o degradante, un abuso de medicación o la patologización de los procesos naturales, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre sus cuerpos y los procesos reproductivos.

Es cuanto, presidenta.

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