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del GPPRI

Con su venia, presidente.

Sin lugar a dudas todas las acciones que fortalezcan el combate a la impunidad en la importación y comercialización de combustibles son bienvenidas, solo que al analizar la minuta que estamos debatiendo advertimos que restringe la libre concurrencia y la competitividad del mercado.

Además de que modifica las condiciones bajo las cuales se realizaron las inversiones en el sector energético, lo cual hace inconstitucional y vulnera el T-MEC y el Tratado Integral Transpacífico, entre otros acuerdos nacionales.

Al no ser situaciones menores, es que presento diversas reservas al dictamen, en los siguientes términos.

Las modificaciones al artículo 51 constituyen obstáculos para obtener nuevos permisos, lo que trasgrede la apertura comercial prevista en el artículo 28 constitucional, debido a que la Secretaría de Energía les exigirá contar con una capacidad de almacenamiento antes de obtener su permiso, y por ello les pregunto: ¿Ustedes creen que las empresas invertirán para cumplir con un criterio de almacenamiento exigido por la Secretaría de Energía, sin tener la certeza de que les van a dar el permiso?

En el artículo 53 se establece la negativa ficta para las solicitudes de concesión de un permiso; es decir, si en 90 días la autoridad no responde se concederá como negada, solo que ello violenta los artículos 8 y 16 constitucionales, debido a que toda autoridad está obligada a emitir una respuesta debidamente fundada y motivada, ya sea positiva o negativa.

Respecto a la revocación de los permisos contenida en el artículo 56, es necesario proteger el principio de presunción de inocencia de sus titulares, ya que la Secretaría de Energía o la CRE los podrán revocar discrecionalmente sin que haya una resolución firme de los procedimientos administrativos o penales que lo sancione.

La reforma al artículo 57 es preocupante, ya que permite que las autoridades energéticas controlen las instalaciones de las empresas, cuyos permisos han sido suspendidos, ignorando la garantía de audiencia de sus titulares; el hecho de omitir la temporalidad de la suspensión generará arbitrariedad en la autoridad.

En el artículo 59 Bis la suspensión de permisos puede darse de forma discrecional, debido a que no se definen los supuestos de peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional con las causales que puedan dar origen a dicha medida, lo cual debe corregirse en aras de brindar certeza y seguridad jurídica a los permisionarios. Advierto que los alcances de este artículo pueden ser los de una expropiación.

Debe mencionar que no precisa la temporalidad de la suspensión de los permisos, lo que generará otra arbitrariedad.

Las modificaciones al artículo 86 también violentan el principio de presunción de inocencia de los permisionarios al poder sancionarlos sin que se haya resuelto el procedimiento administrativo o penal iniciado por una probable comisión de infracción o delito.

Debe señalarse que los artículos 56, 59 Bis y 86, existe una sobrerregulación respecto a las sanciones que pueden imponerse a los permisionarios por incurrir en infracciones o delitos, lo cual regula el artículo 8 al 21, así como en el artículo 22 Bis de la Ley Federal para prevenir los delitos en materia de hidrocarburos.

Los artículos cuarto y sexto, transitorios, también son inconstitucionales al ordenar la revocación de permisos que no están alineados con los criterios del almacenamiento requeridos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía al entrar en vigor el decreto, lo que transgrede los principios de irretroactividad de la ley, seguridad y certeza jurídica.

Por ello, presento diversas reservas, para enriquecer el dictamen y eliminar cada una de las inconstitucionalidades que guarda, dotando de confianza a los inversionistas en el marco del desarrollo de nuestros acuerdos comerciales.

Quisiera preguntarles lo siguiente, ¿están conscientes de que al restringir la libre concurrencia y competitividad se construye un monopolio energético que encarecerá los precios de la gasolina y sus derivados y así como los productos básicos para las y los mexicanos?

¿Si saben que esa reforma será impugnada y tomará el mismo curso legal que hasta hoy ha tomado la realizada a la Ley de la Industria Eléctrica?

¿No se han dado cuenta que la suspensión y revocación de los permisos por la Comisión de Infracción y Delitos ya está regulada en la ley para prevenir los delitos en materia de hidrocarburos?

Compañeras y compañeros Senadores:

Son estas solamente algunas de las razones por las que exhorto al grupo mayoritario para que analicen lo que están a punto de aprobar, ya que esta reforma desalentará la inversión en el sector energético, generará arbitrajes e indemnizaciones millonarias para nuestros socios comerciales, lo que oprimirá aún más las finanzas públicas y compromete el desarrollo de la economía nacional.

Desde este momento hago de su conocimiento que habremos de presentar acción de inconstitucionalidad contra esta reforma.

Es lamentable que este tipo de cerrazones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constantemente le esté corrigiendo la plana al Senado de la República.

Legislemos con responsabilidad compañeras y compañeros, por el bien de México.

Es cuanto, presidente.

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