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del GPPRI

Con la venía de la Presidencia.

Compañeras y compañeros.

Una Constitución está llamada a ser un documento vivo, con solidez en sus principios, pero capaz de adecuarse y responder a los desafíos de los nuevos tiempos, de eso se trata la reforma constitucional que hoy nos convoca, de modernizar los mecanismos de control constitucional del Congreso y de fortalecer nuestro Pacto Federal, un Pacto Federal que ha sido, desde su concepción, pilar en la construcción de la República, antídoto para el centralismo y la concentración del poder y elemento fundamental de nuestra consolidación y nuestra pluralidad democrática.

Bajo la estructura federal mexicana, todas las entidades tienen los mismos derechos, la misma representación en la Cámara Alta y, desde luego, las mismas obligaciones frente al resto del país, lo más importante de ellas, la de someterse a la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respetar los principios en los que se sustenta el Estado mexicano; porque es el contrato social que nos rige y que nos brinda gobernabilidad democrática y un Estado de derecho.

En democracia, ir en contra de la Constitución no tiene cabida, porque se trata de una ley suprema que aplica para todas las personas y todas las instituciones. En ese sentido, la soberanía e independencia de las entidades de la Unión, en ningún caso debe interpretarse  como una licencia para pasar por encima de ella, precisamente por ello nuestro orden jurídico contempla herramientas como la acción de inconstitucionalidad introducida en 1994 y que permita a los poderes públicos, a partidos políticos y a ciertos órganos autónomos como la Fiscalía General, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE y el Inai denunciar ante la Suprema Corte de Justicia contradicciones entre la Constitución y otras normas de menor jerarquía.

No obstante, este mecanismo tiene limitaciones, una de ellas muy importante, que el Congreso y en específico la Cámara de Senadores en su calidad de representante del Pacto Federal no pueda presentar acciones de inconstitucionalidad a reformas a las constituciones locales, un vacío legal que impide la acción política de esta Cámara para corregir situaciones como las que ya se han presentado y en las que mediante artimañas legales se busca hacer fraude a la Constitución.

Esta fue la situación que motivó la iniciativa de reforma al artículo 105 constitucional para que el Senado pudiera presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales, misma que presenté hace ya algunos meses.

Reconozco y agradezco a las y a los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionalidad y Estudios Legislativos, a sus presidentes los Senadores Martí Batres y Manuel Añorve y, también en su momento, a Eduardo Ramírez por dictaminar dicha iniciativa.

Celebro que se haya enriquecido con la propuesta de la Senadora Murguía y de los legisladores en comisiones para incluir a la Cámara de Diputados.

Reitero, no se trata de invadir o minar facultades estatales, sino de garantizar los derechos de todas y de todos los mexicanos, de proteger a la ciudadanía frente a decisiones arbitrarias y, sobre todo, de reafirmar la subordinación de las constituciones y leyes locales a la Constitución federal.

Por todo lo anterior, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor, les invito, respetuosamente, compañeras y compañeros a respaldar este dictamen, estoy convencido que de aprobarse permitirá contar con una herramienta más para proteger nuestro federalismo y fortalecer el Estado de derecho.

Es cuanto, señor presidente.

 

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