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del GPPRI

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, respetable Presidenta.

Estimadas Senadoras, estimados Senadores.

Quisiera ser extremadamente cuidadoso en este punto de acuerdo. Se trata de ir más allá de la coyuntura. Se trata de ir más allá del efecto mediático o de la sola mención. Se trata de que hagamos algo porque el sustento de este punto de acuerdo no es la caridad; el sustento de este punto de acuerdo no es la humanidad, la sensibilidad humana ante los problemas de las personas más aún cuando se trata de niños.

No estoy apelando a sus sentimientos, ni a su moralidad; estoy apelando a nuestra envestidura como representantes de la nación, y a nuestras obligaciones como representantes de una parte del Estado de derecho. Se trata de cumplir la ley. Se trata de hacer que se cumpla la ley.

No voy a ser exhaustivo en todas las cosas que se pueden decir, en la tragedia que representa que en una familia uno de sus miembros, uno de los más pequeños pueda padecer una enfermedad tan grave, tan lacerante, tan mortal como el cáncer, no.

Nuevamente apelo a su calidad de Senadores.

Y por eso, estimados amigos, les digo que el sustento de este punto es el principio de legalidad que es fundamental para la interpretación, sobre todo de la actuación de la autoridad como representante del Estado de derecho y de la ley.

El que un niño padezca una situación como la que se presentó en los hospitales públicos ante la falta de medicamento o el desabasto de medicamento, no puede tener como respuesta la sensibilidad, la caridad, la disposición de médicos, enfermeras o personas que estuvieran en el hospital de compadecerse de la situación de los niños, no.

Eso es inadmisible en un Estado de derecho. Esa actitud la pueden tener los ciudadanos, sí, pero la pueden tener porque para ellos es optativa.

Un ciudadano puede decidir ayudar o no, un ciudadano puede sentirse en esa compatibilidad y sacar de su bolsa un recurso para comprar un medicamento, un ciudadano puede hacer eso o no, él es un ciudadano.

En cambio, estimados amigos, el artículo, la declaración, para empezar, de los derechos del niño, Convención firmada por México en 1989, y publicada como obligación, por lo tanto, por México en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero del 91, dice claramente: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Ya es ley.

Estos compromisos han sido refrendados en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; el artículo 50 de esa ley, dice: el más alto nivel posible de salud, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica, gratuita y de calidad de conformidad por la legislación aplicable con el fin de prevenir, proteger y restaurar la salud.

De manera particular estableció que las autoridades de manera coordinada buscarán reducir la morbilidad y mortalidad. La fracción X de ese mismo artículo 50 especifica incluyendo el cáncer como una de las enfermedades que se deberán atender de manera especial por el gobierno, atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual.

En pocas palabras, no es un acto de caridad, no es la compasión la que nos debe mover, es la obligación aceptada por el Estado, es el respeto de la ley. Eso es lo que tiene que motivar y obligar a la acción de las autoridades.

El Estado mexicano se ha comprometido a garantizar el derecho de la salud de niñas, niños y adolescentes por diversas vías. Por eso, ante el desabasto sistemático que ha imperado en los hospitales públicos causando daños en los tratamientos, y posiblemente pérdidas de vidas, por eso estimados amigos, es absolutamente imposible que la respuesta del Estado sea un llamado a la compasión, un llamado a la caridad.

Y por eso precisamente nosotros estamos solicitando en este punto de acuerdo que el Estado haga algo que sí está autorizado hacer, más allá, que está obligado a hacer. Y retomo la intención del Presidente de la República cuando dice: si un niño se está muriendo porque falta una medicina, cómo no van a hacer algo el médico, la enfermera, el de la ambulancia, cualquiera que esté en el hospital, claro.

Pero ellos son ciudadanos, en ellos es optativo hacerlo o no. El que tiene la obligación es el Estado, y decir que no se puede, encontramos aquí una manera mucho más práctica de que esa intención señalada por el Presidente se concrete, y cuál es en lugar de esperar los sentimientos humanitarios de médicos, enfermeras o ciudadanos que de acuerdo al principio de legalidad pueden hacer o no hacer, en lugar de esperar eso mejor le damos facultades al médico, a la enfermera, al administrador del hospital a cruzar a la farmacia más cercana, tener esa medicina y regresar a aplicársela al menor que la necesita.

La intención presidencial expresada en esa frase no admite duda, hay que salvar esa vida; lo que es cuestionable es el procedimiento, no es la compasión la que debe salvar esa vida, es responsabilidad del Estado Mexicano y si estamos dejando que un médico o aceptando que un médico pueda ir a comprar por él mismo la medicina, mejor aceptamos que la compre a nombre del Estado, que se aplique y que la pague el Estado que es el responsable de tener esa medicina en los centros hospitalarios, que es el responsable, de acuerdo a la Ley, de la salud de esas niñas y niños.

Esto es lo que proponemos, un programa de subrogación y que quede constancia que no lo proponemos de urgente y obvia resolución, no se trata de exhibir nada, no se trata de medir fuerzas, se trata de aceptar una realidad bien expresada por la Presidencia de la República, hay que hacer algo, debe hacerse algo, no podemos dejar que un niño muera.

Entonces apliquemos los sistemas de subrogación, algunos ya existen; organicémonos, algunos se requieren que sean más expeditos, autoricémoslos.

Eso es lo que tenemos que hacer, por eso atentamente, Presidenta, le pido turne nuestro punto de acuerdo a la Comisión de Salud para que nunca más se repita el hecho de que el Estado mexicano no cumpla con sus obligaciones y dejemos al libre albedrío de los ciudadanos obrar por compasión y por humanidad, pero siempre cuando sea obligación del Estado encontrar una respuesta directa, inmediata y preservar el interés del menor.

Muchas gracias.

 

 

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