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del GPPRI


La minería en México ha formado parte importante en el desarrollo y modernización de nuestro país a lo largo de la historia.

Actualmente México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial, y se ubica entre los principales productores de plomo, zinc, sal, oro y cobre, entre muchos otros. Taxco, Guerrero es un ejemplo del éxito de la minería en nuestro país.

El sector minero metalúrgico en México contribuye con el cuatro % del Producto Interno Bruto, y nos ubicamos dentro de los primeros cinco destinos como captador de inversiones para explotación minera en el mundo.

Además, la minería es una de las principales actividades generadoras de empleo en nuestro país, prueba de ello es que al cierre de octubre de 2018 el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene contabilizados 385 mil plazas laborales directas en este sector, mientras que de manera indirecta se estima que genera alrededor de dos millones de  empleos.

La importancia de la minería en nuestro país es innegable, sin embargo, como la mayor parte de la industria lleva implícitas afectaciones medioambientales que no deben de ser ignoradas en el diseño y ejecución de las políticas para su modernización y desarrollo.

Esto obliga al Estado mexicano a tener una regulación más estricta para el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, como es el caso de la actividad minera; pero, al mismo tiempo, es necesario que su intervención vaya encaminada a hacerla convivir con la vida económica y social de los pobladores en aquellas comunidades donde se lleva a cabo.

Esta iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto lograr que la minería se incorpore dentro de la actividad económica bajo la concepción de desarrollo sustentable, además de ofrecer seguridad jurídica a los pobladores de las comunidades, municipios y entidades federativas en el marco del mandato constitucional y de los tratados internacionales firmados por nuestro país, dando cumplimiento al compromiso adoptado por México en la Cumbre de la Tierra, efectuada en Río de Janeiro en el año de 1992, y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo en el 2002.

Señoras y señores:

Esta iniciativa resulta hoy doblemente importante dada la coyuntura que se ha venido desarrollando en los últimos días con las declaraciones del Subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, quien dijo: “que aun cuando la Ley Federal de Derechos establece que las obras donde se aplicaba el Fondo Minero se deciden en un comité con representación de los tres ámbitos de gobierno y las compañías mineras, ahora los proyectos a apoyar los decidiría y aplicaría el gobierno federal, de nuestra arbitraria y sin participación, de autoridades locales o de las empresas mineras”.

Frente a esta clara violación a la ley, diversas autoridades estatales y municipales han presentado controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando que el Fondo Minero se aplique conforme a la ley.

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, se obtiene de un impuesto, y así lo recuerdo, especial a las empresas mineras del 7.5 %, y estos fondos, que para el 2019 se estiman en más de 3 mil 600 millones de pesos, se reparte entre los estados y los municipios mineros del país.

A los estados, así lo subrayo, se les da el 37.5 %; y a los municipios el 62.5 %.

Para los estados mineros, como Guerrero, como Chihuahua, como otros estados mineros del país, este Fondo representa una oportunidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios en donde se desarrolla esta actividad.

Tan sólo en el 2017 Guerrero recibió más de 143 millones de pesos que se destinaron a diversas obras de infraestructura social, educativa y de protección al ambiente.

En los municipios mineros, entre otros, Tetipac, Zumpango del Río, Eduardo Neri, Coyuca de Catalán, Arcelia y Petatlán.

Si permitimos ahora que sólo sea el gobierno federal, desde las oficinas gubernamentales, quien decida arbitrariamente en qué se van a gastar estos recursos, no podemos asegurar que los estados y municipios mineros del país, incluyendo mi estado de Guerrero, reciban estos beneficios.

Una vez más, estamos frente a una decisión del gobierno federal, que si bien pudiera ser bien intencionada afecta enormemente a los municipios mineros de mi estado y de todo el país, como lo he dicho.

Una vez más se aduce una supuesta corrupción en la aplicación de este Fondo como excusa para centralizar la aplicación de estos recursos, pero, como lo hemos dicho anteriormente, la estrategia de combate a la corrupción debe ser castigar al culpable y no generalizar indiscriminadamente y afectar a todos en su mayoría inocentes, como pasa con el tema de las guarderías, o las estancias infantiles.

Lo repetimos una vez más, si hay actos de corrupción en la aplicación de estos fondos que se investigue y se castigue ejemplarmente incluso, pero no estamos a favor de usar una excusa simplista, sin base, sin sustento, sin argumento, sin base, como lo he dicho y lo vuelvo a subrayar, como ésta, para concentrar los recursos y pueda disponer arbitrariamente de ellos.

Lo vamos a seguir denunciando para que el Fondo Minero se aplique conforme a derecho.

Por su atención, muchas gracias.

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