Medios

del GPPRI

Con su permiso, presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores:

Presento este voto particular con relación al dictamen de la minuta con proyecto de decreto, que busca modificar el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque discrepo de la pretensión de establecer un obstáculo a la tutela del derecho de la ciudadanía a votar, al restringir la revisión de la efectiva representación de quienes el sufragio determinó integraran el Congreso.

Conforme se consolidó nuestra democracia la pluralidad política se ha acentuado en los órganos de representación ciudadana, ya no como una excepción a la regla, sino como un elemento indispensable de la convivencia democrática en una sociedad que es muy diversa.

Sin las minorías políticas ningún Estado puede llamarse plenamente representativo ni mucho menos pretender establecer un gobierno para el conjunto de una sociedad que está compuesta por un crisol de ideales y planteamientos.

Resulta entonces de la mayor importancia la existencia de garantías que defiendan los derechos de todos quienes tienen en el Congreso de la Unión una representación de todos los ciudadanos que votaron por tal o cual legislador para que hubiera una pluralidad de visiones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ser minoría no es menos relevante que conformar la mayoría.

El oficialismo que respalda esta propuesta de reforma tiene un problema conceptual grave, asume que definida la mayoría en los comicios la legitimidad de la representación que tiene esa mayoría le pertenece por entero, pero no es así, igual legitimidad tienen quienes conforman la mayoría que quienes conformamos las minorías, porque la fuente de la legitimidad es la misma, el voto popular. Todos llegamos aquí con idéntica legitimidad, porque todos obtuvimos nuestro escaño a partir del voto que emitió la ciudadanía.

La mayoría pretende decidir sobre los derechos que corresponden a los legisladores de oposición y acotar su derecho a formar parte de los órganos del Congreso y las cámaras, con el falso argumento que es una decisión exclusivamente parlamentaria.

Este es el tema sobre el que hoy se va a debatir, no es, como se ha dicho en comisiones de manera reiterada, una discusión sobre la autonomía del Congreso de la Unión frente al Poder Judicial, en su soberbia, lo que están diciendo en este dictamen es que el Tribunal Electoral no puede revisar actos de los representantes populares electos.

Eso es falso, porque la propia legitimidad y facultades del Tribunal Electoral emanan, siguiendo, por cierto, lo que establece la Constitución, de un procedimiento en el que participa la Suprema Corte de Justicia, que propone a quienes va a integrar el Tribunal y el Senado de la República, que mediante una mayoría calificada determina quiénes efectivamente se integrarán en el Tribunal Electoral.

Y la facultad que tiene el Tribunal Electoral es justamente la de tutelar el derecho político ciudadano de votar y que la voluntad del ciudadano se exprese en la conformación plural de las cámaras.

Al restringir el derecho de todos los legisladores o de algún legislador de integrar un órgano constitucional en el que deben estar representados todos los grupos parlamentarios, se violenta también el derecho del ciudadano a que la representación que votó forme parte de dichos órganos.

Con esta reforma legal que declara la improcedencia de las impugnaciones contra las arbitrariedades, parece que la mayoría oficial aspira a colocarse por encima de la Constitución.

Compañeras y compañeros, los posicionamientos acusatorios sobre una injerencia del Poder Judicial en las resoluciones internas del Legislativo Federal ignoran en papel representativo del Congreso, ese que justamente permite la conformación del Congreso a través del voto popular.

¿De verdad quieren un Estado en el que las minorías políticas no cuenten con todos los derechos para encarnar y representar las demandas y visiones de sus electores?

La Constitución ha establecido que el pluralismo político es un valor y un principio para la integración de los órganos colegiados derivados del voto.

¿Puede la mayoría dejar de respetar la voluntad popular que conformó la participación de cada fracción política en el Congreso? Yo digo que no.

Y ante la posibilidad de que eso ocurra, ¿quién debe revisar esa arbitrariedad?

Estoy segura de que eso le compete al Tribunal Electoral porque lo que se está protegiendo es el derecho ciudadano a votar y el sentido de ese voto. No estamos señalando que todos los actos de decisiones de los órganos del gobierno del Congreso sean revisables por el Tribunal Electoral, solamente aquellos que implican la anulación de un derecho político-electoral ciudadano.

Por ejemplo, si alguien pretendiera impugnar el calendario de sesiones del período ordinario, que fuera la Junta de Coordinación Política y aprueba el Pleno, pues sería improcedente que conociera de eso el Tribunal Electoral. Pero de lo que estamos hablando es de la conculcación de un derecho político electoral del ciudadano.

Si la votación estableció una representación plural y un órgano representa a todo el Congreso, como es la Comisión Permanente, que es el motivo de esta minuta, esa pluralidad debe ser…

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias, Senadora.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Tengo, perdón, presidenta, diez minutos para presentar mi voto particular.

Ya voy a terminar.

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: ¿Son diez minutos?

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: No voy a ocupar todos.

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias. Perdón.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Esa pluralidad debe ser parte de la Comisión Permanente.

Lo que resolvió el Tribunal Electoral obedece al deber de salvaguardar el sentido del voto de la ciudadanía que dijo que quería que hubiera una conformación plural en el Congreso de la Unión.

No exagero al decir que este dictamen sienta las bases para romper el sano entendimiento político entre las instituciones del Estado. Otorgar a los actos de los órganos de dirección política del Congreso una noción de primacía sobre cualquier tipo de control jurisdiccional, aun cuando violentan los derechos políticos electorales del ciudadano es en definitiva abrir la puerta a irregularidades de toda índole por parte de las y los legisladores de la mayoría que la pueden imponer simplemente por aritmética.

Los vicios que acarrea esta propuesta, como la negación del derecho de acceso a la justicia a quienes se inconforman por ese tipo de actos o el impulso a la ausencia de controles jurisdiccionales al ejercicio de la actividad parlamentaria que vulnera un derecho político de la ciudadanía, o la conculcación de la esfera competencial del Tribunal Electoral por la vía de la reforma legal dan cuenta de cómo el espíritu de la propuesta contraviene nuestro orden constitucional.

En el marco de un sistema de pesos y contrapesos los medios de control jurisdiccional de la regularidad constitucional representan el vértice mismo del Estado democrático.

Dada su función como garante del equilibrio entre poderes autónomos, la Constitución otorga a cada uno de ellos, de esos contrapesos, la posibilidad de que se puedan ejercer a plenitud.

El Congreso de la Unión, por cierto, no es la excepción al control de la regularidad constitucional a través de las acciones y de las controversias constitucionales, también somos parte de ese control sobre la regularidad constitucional y es en defensa de este principio que creo que debemos rechazar este dictamen, desconocer el equilibrio entre poderes y los medios de control interorgánico representa un importante peligro para los valores democráticos y para la revisión de las decisiones de la mayoría que ignoren la representatividad que también tienen quienes integran las minorías.

Yo apelo a la obligación que tenemos todas y todos los legisladores con el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos constitucionalmente.

Atentar contra ellos bajo cualquier excusa presupone un perjurio contra las y los ciudadanos que nos han votado, ya sea directa o indirectamente.

Compañeras y compañeros, los exhorto a reflexionar su voto y a rechazar este dictamen.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta.

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