Medios

del GPPRI

Con el permiso de mi amiga la presidenta de la Mesa Directiva.

 

Compañeras y compañeros.

 

Los niños, niñas y adolescentes representan en cualquier sociedad del mundo, el futuro por el cual nosotros los adultos trabajamos para garantizarles una vida feliz y digna.

 

El Estado, por lo tanto, debe ser garante del interés superior de la niñez, debe velar y hacer frente a aquellas condiciones que menoscaben sus derechos fundamentales.

 

No obstante, existe un fenómeno social que afecta a una parte de la niñez, el de las niñas y los niños que desafortunadamente se encuentran junto a su madre privada de la libertad en algún centro penitenciario -como aquí se ha dicho- lugar en donde los infantes permanecen durante sus tres primeros años de vida.

 

Es un problema que pocos ven, que se mantiene y se ha mantenido invisible por muchos años.

 

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en todo el territorio nacional existen 16 centros penitenciarios femeniles, mismos que en su mayoría carecen de espacios dignos y necesarios para el desarrollo de la mujer, especialmente para los casos de una eventual maternidad, como guarderías, áreas de juegos, pediatras, alimentación adecuada y atención por personal especializado.

 

En este contexto, a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, presidida por la senadora Josefina Vázquez Mota y de Estudios Legislativos, nos fue turnada para su análisis y dictamen, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objeto de enriquecer y ajustar el modelo de protección de las niñas y los niños hijos de madres y padres privados de su libertad, a los estándares internacionales.

 

Estamos convencidos de que es preciso fortalecer el marco jurídico sobre este tema, ya que en la actualidad no existe un registro fiable sobre la cantidad de niñas y niños que permanecen bajo estas condiciones.

 

Lamentablemente, la información varía según la institución que las calcula; aunque, en promedio, se estimó que en 2017 se encontraban 444 niñas y niños viviendo en centros penitenciarios.

 

Asimismo, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay centros penitenciarios en los que no se permite la estancia de población infantil en su interior.

 

Sin embargo, algunas entidades federativas permiten la estancia de niños y niñas de 8 años y en otros de 12 años de edad en sus centros penitenciarios, lo cual es sumamente preocupante, porque ello puede constituir un verdadero problema social que puede magnificarse en pocos años, al estar expuestos a un ambiente penitenciario y en contacto directo con diversos factores como violencia y crimen, generándoles alteraciones en el aspecto psicológico.

 

En suma, esta iniciativa pretende reformar el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se identifican determinadas problemáticas que afectan los derechos de los menores de edad con la finalidad de que sean enfrentadas a través de políticas públicas que contribuyan a ello.

 

En ese sentido se propone adicionarle como otra condición de vulnerabilidad, la problemática que sufren aquellas niñas y niños que desafortunadamente se encuentran junto a su madre o padre privados de la libertad en algún centro penitenciario, lugar en donde los infantes permanecen durante sus primeros años de vida.

 

En este mismo orden de ideas, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las niñas y niños que nazcan al interior de un centro de reclusión, sólo podrán permanecer en el centro de reclusión durante las etapas postnatal y de lactancia, o bien, hasta que cumplan los 3 años, como una forma de priorizar el interés superior de la niñez.

 

En ese sentido, se propone armonizar la Ley Nacional de Ejecución Penal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, puesto que este último ordenamiento es omiso sobre la problemática que viven las niñas y niños que se encuentran al interior de un centro penitenciario con su madre o padre.

 

De tal manera que se propone que tenga los mismos estándares de protección que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, así como diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte.

 

Con las modificaciones que se proponen, las mujeres y hombres privados de su libertad y que se encuentren en algún centro penitenciario, tendrán derecho a conservar la custodia de sus hijos hasta que estos cumplan con 3 años de edad, separación que no puede ser repentina, sino gradual para evitar algún daño emocional y al mismo tiempo sus derechos deberán ser resguardados.

 

Asimismo, es recomendable aplicar el principio de paridad entre hombres y mujeres, dado que los centros penitenciarios varoniles tienen condiciones diferentes que no son adecuadas para el desarrollo óptimo para las y los menores y se consideran de riesgo para el interés y desarrollo del menor.

 

Con esta iniciativa, que apoyamos todos los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, damos un paso más hacia el reconocimiento pleno de los derechos de todas y todos los niños mexicanos.

 

Volteamos la mirada hacia aquellos sectores que por sus circunstancias se ven más desprotegidos y reconocemos la lucha de aquellas organizaciones que trabajan desde la sociedad civil, para coadyuvar en las mejoras de las condiciones de las y los niños que viven hoy en día en los centros penitenciarios junto a sus madres.

 

Hoy es un buen día para dejarles un mejor México a nuestras niñas y niños.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

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